La crisis de la pandemia ha puesto en evidencia la importancia de que las Instituciones Públicas fortalezcan la sanidad, la enseñanza, y las ayudas a la dependencia. En esta misma línea las personas pensionistas reclamamos que no se privaticen las Pensiones Públicas, sino que se refuercen ya que los mercados no pueden garantizar su futuro.
Una vez aprobadas las recomendaciones del Pacto de Toledo, ahora toca pasar el trámite legislativo y presupuestario.
La Comisión del Pacto de Toledo ha aprobado una serie de recomendaciones en relación con las Pensiones Públicas, entre las cuales está el reconocimiento de la revalorización de las pensiones con el IPC y que se eliminen los gastos impropios de la Seguridad Social. También se reconoce, que el Sistema Público de Pensiones es sostenible.
Varias de dichas recomendaciones tienen claroscuros, por lo que es preciso que algunas materias se desarrollen favorablemente y otras se cambien o se retiren, mediante leyes concretas que garanticen el futuro de las pensiones públicas.
Debemos seguir manteniendo la presión, ya que la ejercida durante varios años empieza a dar algunos frutos en cuestiones importantes.
Nuestra lucha sigue y seguirá hasta que se consiga:
*La sostenibilidad y solvencia del Sistema Público de Pensiones de reparto solidario y suficiente, que garantice su futuro; las pensiones son, y deben seguir siendo, una cuestión de Estado y no una cuestión de mercado.
*Subida anual de las pensiones según IPC por ley.
*Derogación del factor de sostenibilidad.
* Pensiones mínimas que garanticen una vida digna. 1080€.
*Acabar con la brecha de género en pensiones.
Defendemos que la Ley revierta el período de cálculo de la pensión a los 15 años, y no de 25. La actual situación de paro y precariedad aconseja no subir la edad de jubilación por encima de los 65 años.
Ninguna persona debe ver mermados sus derechos ni percepciones a la hora de jubilarse mediante recortes en los cálculos sobre su vida laboral. También defendemos los intereses de quiénes se jubilan de forma anticipada, y que no sean penalizados tras largas carreras de 40 años cotizados.
Prestamos especial atención a que se garantice unas pensiones mínimas que permitan una vida digna a cientos de miles de pensionistas, principalmente mujeres, que tienen auténticas dificultades para llegar a fin de mes.
Los derechos de las mujeres y de los jóvenes en paro deberían ser una prioridad en el actual colapso económico.
La crisis ha sido una lección para todo el mundo. Apelamos a los Gobiernos para que defiendan el empleo digno y con derechos, la productividad, la mejora de los salarios, la sana competencia, y la innovación, lo cual se logra con más democracia, reformas y el reparto de la riqueza, que permita en el futuro pensiones dignas.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN
BAT ETORRI /Consenso 