El Gobierno Vasco ha anunciado el inicio del proceso para la elaboración de la Ley para la reforma de la RGI, incluyendo en la norma el Ingreso Mínimo Vital, cuantificando el importe del ahorro que, este nuevo instrumento, supondrá para la RGI. Es preciso recordar que en el programa de gobierno se dice que en un escenario en el que la crisis económica, derivada del impacto del Covide-19, ha aumentado las situaciones de pobreza, exclusión y riesgo, los partidos que forman parte del Gobierno Vasco (PNV y PSE-EE), comparten la necesidad de garantizar la solidaridad con las personas y colectivos más vulnerables y asumen como objetivo compartido el salir de esta crisis sin dejar a nadie atrás. Y en ese objetivo, consideran como una de las herramientas esenciales la reforma de la R.G.I.
BAT-ETORRI CONSENSO, que agrupa a la mayor parte de asociaciones de pensionistas de Gipuzkoa y a personas representativas de las Asambleas Locales y Comarcales del territorio, ante la creación de una Renta Garantizada para pensionistas, quiere realizar algunas consideraciones. La polarización social, exclusión social y gran desigualdad, no son ajenas al colectivo de pensionistas por la situación de las personas pensionistas con escasos recursos económicos.
Por otra parte, nos parece importante constatar que, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la pobreza (EAPN) presentado el pasado 15 de octubre de 2020, el Umbral de Pobreza relativa en Euskadi se sitúa en los 12.612,- €/año, es decir de 901,- €/mes en 14 pagas y el Umbral de Pobreza severa se sitúa en los 600,57 € mensuales en 14 pagas. De las personas que perciben la RGI, algo menos de 13.000, el 23,63% del total de las personas perceptoras, son pensionistas, en su mayoría mujeres. El mes de diciembre de 2020, en Euskadi había 562.534 pensiones. Pues bien, 228.682 pensiones (170.265 de mujeres), que suponen el 40,65 % del total en el País Vasco, tienen un importe inferior al umbral de pobreza. Además, la cuantía de unas 118.000 pensiones (77.800 de mujeres), es decir, el 20,95 % del total de las pensiones vascas, es inferior al umbral de pobreza severa. Por otra parte, más de 242.500 pensiones (179.000 de mujeres), el 43,11% del total de las pensiones, están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.
Teniendo en cuenta lo que antecede, nos preocupa que, hasta la fecha, todas las modificaciones operadas en la RGI han sido para recortar su cobertura o dificultar el acceso a la misma. El año 2011, se recortó “de forma temporal” un 7% su cuantía y, para poder solicitar la ayuda, se incremento a tres años el período mínimo de empadronamiento y en 2016 sus cuantías se desvincularon del SMI. Sin entrar en otras cuestiones que, siendo de gran trascendencia, afectan al conjunto de la población, si queremos referirnos a las medidas que afectan al colectivo que representamos: las personas mayores cuyos ingresos dependen, casi en su totalidad, de las pensiones.
Antes de hacer efectivas esas medidas, en el caso de las unidades de convivencia formadas por perceptores de pensiones contributivas o no contributivas de la Seguridad Social, los ingresos garantizados por la Ley entre la pensión y el complemento de la RGI, eran: 100% del S.M.I. para las unidades de convivencia unipersonales; 125% del S.M.I. para las unidades de convivencia de dos personas y un 135% del S.M.I. para las unidades de convivencia de tres o más personas. De seguir vigente esta norma, a día de hoy, las personas pensionistas, tendrían garantizados unos ingresos de 1.108,-€/mes; 1.385,.€/mes y 1.495,-€/mes en 12 pagas respectivamente. Sin embargo, el importe de ingresos mínimos que se garantizan en la actualidad son de 795,95 €/mes; 994,94€/mes y 1.074,53€/mes, respectivamente, es decir, más de un 28% de reducción.
Como es público y notorio, nuestra reivindicación a corto plazo, ha sido y es la de que no exista ninguna pensión en Euskadi por debajo del umbral de la pobreza, sin perder el objetivo de que ninguna pensión esté por debajo del SMI que, de acuerdo con la Carta Social Europea, debe situarse en una cuantía igual al 60% del salario medio del País, es decir de Euskadi, convendremos que tenemos un amplio camino por recorrer. Si el Gobierno Vasco tiene voluntad real para resolver los problemas de insuficiencia de las pensiones mínimas públicas, dispone de las competencias suficientes y del instrumento necesario que no es otro que la Renta de Garantía de Ingresos para hacer realidad la cohesión y la inclusión social. Es decir, sin dejar a nadie atrás.
BAT ETORRI /Consenso 